Publicado en El Mundo el 12 de mayo de 2023
En ocasiones, la verdad sobre el final de Eta, que con tanto ahínco se está intentando soterrar, aflora al exterior con toda su crudeza y podredumbre. Y entonces, todos nos sorprendemos y escandalizamos. Es lo que está ocurriendo con la noticia de los cuarenta y cuatro terroristas que concurrirán a las elecciones municipales del País Vasco y Navarra en las listas del partido de Eta. Pero, en realidad, esta incorporación de los etarras a la arena política, solo es un paso más en la “normalización” que se inició cuando el Tribunal Constitucional -ese al que ahora se acusa de estar modificando la Constitución por la puerta de atrás-, decidió enmendarle la plana al Tribunal Supremo siguiendo las instrucciones que el señor Zapatero ha tenido la amabilidad de desvelarnos con toda claridad: «Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones, y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla».
Así que,¿De qué nos extrañamos? Se lo prometieron. Utilizaron al Tribunal Constitucional para garantizar su promesa de legalización y aunque nos lo ocultaron alevosamente, lo sabíamos. Era una evidencia clamorosa. Desde entonces, la indignación y estupefacción iniciales de algunos, ha ido dando paso a la resignación y la indiferencia. Hemos asistido impasibles a los acercamientos y excarcelaciones prematuras de los terroristas con sus consiguientes homenajes impunes, a pesar de que la ley los prohíbe y la razón debería repudiarlos; hemos contemplado impertérritos como se cedía la competencia de prisiones a la comunidad autónoma vasca que inmediatamente iniciaba las progresiones de grados y todo tipo de triquiñuelas para que los etarras salieran cuanto antes de prisión; hemos escuchado impasibles al que algunos osaron llamar “hombre de paz” decir que “Esos doscientos presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos”; hemos sabido que el último dirigente de la banda forma parte de la dirección del partido legalizado de Eta, algo, por otra parte, lógico; hemos sabido de las conversaciones, por persona interpuesta, del ministro del Interior con la red de apoyo a los etarras encarcelados para satisfacer sus reclamaciones, todas cumplidas o en vías de serlo. Y hemos visto como el partido de Eta se ha convertido en apoyo imprescindible del Gobierno de la Nación al que aprueba leyes y sustenta en una comunidad trascendental para los intereses separatistas como es Navarra.
Hace muy pocos días, se lanzaban las campanas al vuelo por los cinco años de la disolución de Eta, dándola por desaparecida y trasladando la idea de que ya no tiene ni presencia ni influencia en la sociedad. Ojalá fuese así. Pero todos sabemos que no lo es, aunque el Gobierno y otros muchos se afanen en consagrarle una legitimidad moral, política y social que permita pactar con ella sin sentir vergüenza ni ser estigmatizado. Y para lograr ese fin espurio y egoísta, no importa que esos matones se enseñoreen de la tierra que ensangrentaron, que continúen imponiendo su dictadura ideológica y que presenten a sus matarifes a las elecciones.
Lo que está ocurriendo hoy es la consecuencia natural de todo lo hecho anteriormente. Quieren soterrarlo, pero a veces, la podredumbre sale a la luz con toda su pestilencia y su miseria. Volverán a enterrarla para que los españoles no la percibamos, pero ahí está, cada vez más hedionda. Y el final será el previsto. Eta ostentará el poder en las instituciones y lo ejercerá para implantar el proyecto por el que ha asesinado a ochocientos cincuenta y tres españoles y ha sojuzgado a millones. Y el Gobierno lo dará por bueno si le sirve para que le cuadren los números.