El escenario de la indignidad

Publicado en El Debate de Hoy.es el 8 de abril de 2017

Cuando mi hija escuchó la noticia de que la banda ETA iba a escenificar un acto público con miles de personas ensalzándola me preguntó si pertenecer a una organización terrorista era delito. Le contesté que sí y  me dijo lo que cualquier persona no contaminada por el interés circunstancial piensa, ¿entonces, por qué les dejan hacer ese acto y no les detienen?

Esa es la gran cuestión ¿Por qué les dejan? ¿Por qué se tolera esta gran pantomima, esta inmensa apología del terrorismo, este folclore indecente de exaltación, bailes y fiesta? ¿Por qué tenemos que ver a los terroristas contentos, exultantes, dueños de la situación, orgullosos, lanzado soflamas a sus acólitos? ¿Así es como se celebra una derrota?

La puesta en escena de Bayona es mucho más que un insulto a las víctimas y a los españoles. Es una reivindicación orgullosa del pasado que pretende prolongarse en el futuro. Es el colofón de una etapa y el inicio de otra, con las mismas personas, con los mismos asesinos queriendo controlar a la sociedad vasca. Es una jornada festiva para agradecer a ETA los servicios prestados. Para agradecerle sus crímenes.

Que ETA pretenda presentarse como una organización generosa que promueve la paz es un cruel sarcasmo pero que el Gobierno de España se lo permita es trágico. Porque la puesta en escena de Bayona no habría tenido lugar si el Gobierno español hubiese pedido al Gobierno francés que la impidiese.Sin embargo, no lo ha hecho y al no hacerlo está otorgando a la peor escoria de la sociedad una legitimidad que jamás debería tener. ¿Por qué? Otra vez esta pregunta lacerante.¿Por qué se consiente que la iniciativa la tenga ETA? ¿Por qué las fuerzas de seguridad, francesas o españolas, o ambas, no son quienes “verifican” esa entrega de armas? ¿Por qué se permite a la banda crear a su antojo la  escandalosa propaganda que se está haciendo entorno a esta farsa?

Y pensar en la respuesta a tantos porqués asusta. Asusta la sospecha de que está todo pactado, que se ha negociado cada paso, cada concesión, que se está dispuesto a consentir la transformación de una banda de asesinos en una organización legal y respetable, que se está dispuesto a privar de su derecho a la justicia a las víctimas del terrorismo otorgando una impunidad disfrazada de beneficios penitenciarios a los asesinos, que se está dispuesto a pasar página y olvidar.

Los precedentes avalan este temor. En mayo de 2011 el Tribunal Constitucional, por un solo voto de diferencia legalizó a la coalición Bildu en contra del criterio del Tribunal Supremo y un año después ocurrió exactamente lo mismo con Sortu, partido que el Tribunal Supremo había considerado sucesor de Batasuna que a su vez formaba parte de ETA.

Estas legalizaciones han hecho posible que en las instituciones del País Vasco se sienten centenares de proetarras y que personas condenadas por delitos de terrorismo dirijan esos partidos o sean contratadas para ocupar cargos en organismos de la administración pública y también han hecho posible que en el Parlamento Vasco haya un diputado que fue condenado a once años de cárcel  por pertenencia a banda armada y que en el Congreso de los Diputados tengamos como parlamentaria a una individua que siendo alcaldesa de Hernani  pidió un aplauso para los asesinos de la T4.

Tenemos el precedente de la derogación de la doctrina Parot que a través de una interpretación más que cuestionable de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sacó de la cárcel a 78 terroristas, los más sanguinarios, los que acumulaban más años de condena, los que habían cometido decenas de atentados y que cumplieron escasos meses por cada una de las vidas que habían arrebatado.

Tenemos el precedente, bochornoso y escandaloso, de la rueda de prensa que ofrecieron en Durango vanagloriándose de sus crímenes. Tenemos el precedente de los planes que elabora el Gobierno, como la vía Nanclares, para conceder todas las facilidades a los terroristas para que salgan de la cárcel con falsos arrepentimientos y sin colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos aún sin resolver.

Y tenemos el nuevo plan que ha presentado el PNV al Gobierno para que ponga fin a la política de dispersión, acerque a los presos al País Vasco y en poco tiempo –ya buscarán una excusa o sino lo harán de tapadillo- sacarlos a todos a la calle. De hecho, en los últimos cinco años el 40 por ciento de los presos de ETA ha sido excarcelado.

Esos precedentes, las mentiras que negaron los hechos después consumados, la tolerancia y el dejar hacer, el desestimiento de quienes tienen la obligación moral de mantener el listón ético de la vida política; el hastío, el cansancio, la soledad, de quienes se sienten abandonados por los que pensaban que les representaban nos conducen a un escenario final que no es el que debería haber sido. Un escenario en el que los terroristas ya no matan pero siguen defendiendo su proyecto político, cuentan con instrumentos para ello, se les concede honorabilidad y espacio público mientras se arrincona a las víctimas y no se las defiende cuando los que las mataron las equiparan con “otras violencias”.

Ese es el escenario al que nos avecinamos, en el que estamos ya. Un escenario en el que los asesinos bailan y cantan contentos mientras las víctimas lloran solas. Un escenario de escarnio, de indecencia, de indignidad, de injusticia, de impunidad. Un escenario que podría haber sido otro, que debería haber sido otro, el que tantos años de sufrimiento, dolor y resistencia se merecen.

Debería haber sido un escenario en el que ETA no existiera, la hubiéramos hecho desaparecer con la fuerza de la Ley y del Estado de Derecho, en el que las víctimas ocupasen el lugar que les corresponde como héroes de la democracia, en el que la verdad brillase con intensidad y todos los españoles la conociesen sin que les fuese hurtada o mancillada, en el que la justicia no se hubiese manchado nunca con el polvo del camino y fuese de verdad igual para todos, dando a cada cual lo que se merece proporcionalmente con el daño causado.

Debería haber sido un escenario en el que se hubiese erradicado el odio que alimenta a los terroristas y sus acólitos, en el que la libertad fuera auténtica y no se considerasen legítimas  las ideas que la vulneran. Un escenario en el que no hubiera suelos éticos sino superioridad moral. Pero no, hemos renunciado a lo que nos merecemos. Por eso permitimos a ETA que baile aurreskus a sus gudaris. Qué dolor.

 

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Mentiras y propaganda.

Publicado en La Gaceta el 7 de abril de 2017

Las víctimas del terrorismo en particular, pero también todos los españoles, nos estamos viendo sometidos al escarnio de contemplar un bochornoso acto propagandístico de una falsa entrega de armas organizada por una banda de asesinos y sus amigos, sin la más mínima credibilidad, ante la absoluta pasividad de los poderes públicos, cuyo silencio resulta clamoroso.

Resulta desolador que la iniciativa en un supuesto final de ETA, que ya no es ni derrota ni final, sino transformación, la lleve la propia banda criminal que mueve los hilos a su antojo y que obtiene constantes concesiones pactadas en oscuras negociaciones.

El Estado no ha derrotado a ETA. Ha renunciado a derrotarla. Se ha conformado con que ella misma decida dejar de matar sin dejar de existir y a cambio le ha permitido que acceda a las instituciones, que gobierne o controle numerosos municipios en el País Vasco y que mande a Madrid a diputados y senadores.

El Estado ha sacado de la cárcel a los más sanguinarios asesinos en serie aplicando de forma torticera una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la “Doctrina Parot”, ha puesto al alcance de los terroristas en prisión todas las facilidades para acortar el cumplimiento de sus penas, obviando la necesaria e imprescindible colaboración con la justicia que en teoría se les requiere. En cinco años se ha reducido en un 40 por ciento el número de etarras en la cárcel y en pocos años más ya no quedará ninguno. Sus víctimas ya no importan, son el pasado. Las sentencias judiciales serán papel mojado. Todo vale a cambio de la paz. Todo, incluso que ETA se convierta en un ente legitimado y activo en la política, cuyo pasado hay que olvidar.

Que triunfe ese infame planteamiento es lo que pretende la banda criminal y también los nacionalistas vascos. Pero es lamentable que los partidos nacionales y el Gobierno de la Nación se hayan plegado a tales propósitos, que estén dispuestos a que se hurte a las víctimas el derecho a la justicia y a los españoles el derecho a vivir en una sociedad en la que no se olvide ni arrincone a sus héroes, en la que no se permita la exaltación del terror ni el enaltecimiento de los asesinos. Una sociedad en la que no se difumine el bien y el mal, en la que no se tolere la equiparación entre los que mueren y los que matan, en la que no se mercadee con la justicia ni con la dignidad.

Pero no. El acto organizado por ETA y tolerado por el Gobierno es una nueva humillación, una nueva provocación y una nueva mentira que solo beneficia a los terroristas. Y las inquietantes preguntas que habría que hacerse son ¿Por qué? ¿Es que no somos capaces de poner a cada cuál en su lugar? ¿Es que no queremos? ¿Es que no creemos en la fuerza del Estado de Derecho? ¿O es que hay otros intereses políticos que se anteponen a la verdadera derrota del terrorismo?

Hay precios que jamás se deben pagar.

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El Plan

Publicado en El Mundo el 23 de marzo de 2017

A principios del mes de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dio una noticia tranquilizadora: la dispersión de los presos terroristas no vulnera ninguno de sus derechos. Es perfectamente legal. Aliviaba así, levemente, el mazazo de la derogación de la doctrina Parot, que supuso la excarcelación de los asesinos más sanguinarios de Eta –aunque no sea políticamente correcto recordarlo – tras cumplir penas ínfimas por sus crímenes.

Pero en ese juego de equilibrios, sombras y oportunismos a que se nos somete con respecto a Eta, el Gobierno Vasco ha anunciado que ha presentado al Gobierno un plan para liquidar esa dispersión que el TEDH acaba de avalar. No importa que ya exista una “Vía Nanclares” a la que se puede acoger cualquiera cumpliendo con unos requisitos muy generosos que acortan sustancialmente el tiempo de cumplimiento de condenas, amén de trasladar al País Vasco a los terroristas.  También hay que pensar en los que no se arrepienten –aunque sea de boquilla-, en los que no se desvinculan de la banda, en los que no colaboran con la justicia para que se puedan resolver los más de 300 asesinatos que aún no tienen autor conocido. Todos esos, que no se acogen a la “Vía Nanclares” porque no quieren, necesitan su propio “plan”. ¿O alguien cree que van a tolerar que se les deje arrumbados  y pudriéndose en cárceles lejanas? No. Primero se les acerca y después se les saca. Se lo decían en las Navidades de 2013 los que recibían a las víctimas que acudieron al País Vasco a homenajear a sus familiares en los lugares en que habían sido asesinados: “los vuestros en el hoyo y los nuestros a la calle”. Y así está siendo. Desde 2011han salido de la cárcel más del 40 por ciento de los presos terroristas. Quedan 340, de los cuales 75 se encuentran en prisiones francesas.

Oportunamente, el “plan” del Gobierno Vasco se presenta en un momento en el que el Gobierno ha decidido comprar el apoyo del PNV a los presupuestos de la Nación. Y, por supuesto, la aprobación de los presupuestos merece plegarse a cualquier exigencia, sobre todo si procede de un partido cuya lealtad a España está más que demostrada; y más aún si hay que transigir en un asunto menor y amortizado como es el del terrorismo de Eta y sus pobres presos que cumplen condenas injustas y extemporáneas, porque Eta ya no mata y los muertos ya no cuentan, ¿no es cierto? Y además va a entregar las armas en un acto sencillo, humilde, sin propaganda y por supuesto con los mejores verificadores que se puede tener: los elegidos por la propia banda. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en eso no pintan nada, ya se lo ha advertido al Gobierno el presidente del PNV: “No hagan nada, quédense quietos, no manden a nadie”. Tendrán que obedecer, hay mucho en juego, excepto la dignidad que ya está perdida.

En definitiva, deberíamos alegrarnos de que el PNV esté siempre al quite para defender los derechos de los asesinos etarras ante el Estado que tanto los maltrata.  ¿Qué sería de los presos si no fuera por el PNV? ¿Y qué sería de España si no fuera por los presos? Gracias a ellos vamos a conseguir tener presupuestos. Tendríamos que estarles eternamente agradecidos. Son ellos los que van a hacer posible que Rajoy no tenga que convocar elecciones anticipadas con el trastorno que eso supondría para la economía española, lo más importante. Sí, Eta y el PNV están haciendo un gran servicio a la Nación.

 

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El estado debe actuar

Publicado en Libertad Digital el 17 de enero de 2017

Los pasados 21 de diciembre, 8 y 14 de enero respectivamente, se han producido tres actos públicos de exaltación terrorista en el País Vasco que han sido observados con displicencia e indiferencia distante por parte de los poderes públicos. Como si fuese normal que los asesinos sean recibidos en loor de multitudes al salir de la cárcel, o se reúnan en actos multitudinarios para reivindicar sus crímenes y exigir que no se cumplan las condenas impuestas por los tribunales y que no se investiguen los crímenes sin resolver, o que encabecen pancartas en manifestaciones a favor de los “presos” y de los “derechos humanos” que ellos no respetan para los demás.

El individuo que fue homenajeado en San Sebastián el 5 de enero es autor material o colaborador necesario de seis asesinatos y es uno más de los que casi semanalmente salen a la calle tras cumplir unas penas que jamás podrán resarcir el daño causado ni los años de vida robados a sus víctimas. Es uno más de esos criminales satisfechos de su maldad, orgullosos de su trayectoria, que no se esconden ni se avergüenzan, que no colaboran con la justicia, y que tienen la osadía de participar en concentraciones para reclamar que los pocos integrantes de la banda que aún quedan en prisión sean excarcelados sin más dilación. El acto del 8 de enero en Usurbil, en el que cientos de asesinos – a los que muchos llaman expresos para ocultar su verdadera condición- exigieron un “acuerdo político” para reclamar la “liberación de los presos” no es libertad de expresión, es apología del terrorismo y se debería haber impedido. Y el no haberlo hecho provoca que las víctimas de esos terroristas hayan tenido que, impotentes e inermes, ver sus caras y escuchar sus soflamas en los medios de comunicación.

La manifestación del pasado sábado en Bilbao en la que miles de personas reclamaron hipócritamente derechos humanos para los que ya los tienen garantizados por el Estado de Derecho, es otra demostración de desprecio hacia quienes verdaderamente han sufrido la vulneración brutal del principal de los derechos humanos que es el de la vida. Encabezaba la bochornosa manifestación una asesina, cuyo nombre no quiero reproducir, que fue condenada a 700 años de cárcel por haber matado a nueve personas y haber cometido un total de 21 actos terroristas.

No puede sorprendernos que ese submundo miserable se alimente de sentimientos de orgullo por haber matado, que considere a sus matarifes héroes y que pretenda para ellos la impunidad, pero no se entiende la renuncia a impedir ese alarde público por parte de quienes tienen la obligación de no tolerarlo. En cualquier país de nuestro entorno sería simplemente inconcebible lo que está ocurriendo aquí, este ominoso pacto de silencio, este dejar hacer, franqueando no solo la más elemental moral social sino incluso permitiendo flagrantes incumplimientos de la ley.

Esa indiferencia de quienes deberían custodiar con gratitud la memoria y la dignidad de las 854 personas asesinadas por Eta y de los miles de amenazados y perseguidos, duele, duele profundamente, y humilla al conjunto de la sociedad española, a la que la pasividad de los gobernantes está conduciendo hacia la atrofia moral y la anestesia colectiva. ¿Conseguirá Eta su objetivo de una situación sin “presos, exiliados, ni deportados”? Si es así, el Estado de Derecho habrá renunciado a la justicia, porque lo que ellos llaman exiliados y deportados, son criminales con causas pendientes que no vuelven para no ser juzgados. Y no olvidemos que existen todavía más de 300 crímenes sin resolver que la justicia debe investigar.

Ya se lo decían en diciembre de 2013 a los familiares de las víctimas cuando acudieron a homenajearlas en las localidades del País Vasco en que habían sido asesinadas “los vuestros en el hoyo y los nuestros en la calle“. Tres años después, es aún peor. Los suyos no solo están en la calle, sino que reciben homenajes, convocan concentraciones, participan en manifestaciones reclamando “derechos humanos” y están en las instituciones.

¿Es necesaria tanta vejación para derrotar a Eta? Yo suplico, ruego, imploro al Estado que no nos arrastre a la indignidad, que enarbole con firmeza la bandera de la decencia, de la justicia y de la ley que nos asiste para no tolerar lo intolerable. Y que actúe.

 

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El aurresku. Publicado en El Correo y Diario Vasco el 6 de octubre de 2016

El homenaje “perpetrado” impunemente por alumnos adolescentes de un instituto de Hernani a varios asesinos terroristas pone de manifiesto, con una crudeza sin paliativos, la desmoralizadora derrota que se está produciendo día tras día, especialmente en el País Vasco, de la conciencia del bien y del mal, de la verdad, de la empatía con los que sufren, de reconocer a los culpables, de promover el arrepentimiento sincero y de la voluntad de asentar valores que antepongan el derecho a la vida y a la dignidad de la persona a cualquier otro concepto.

Ante la realidad palpable de tantas instituciones dedicadas a manipular – muy especialmente a la juventud- el Estado, el Gobierno, aunque sea en funciones, los políticos, la sociedad,  los individuos, se tapan los ojos, no quieren ver lo que Eta pretende  -con la aquiescencia y solícita colaboración del Gobierno Vasco-  no quieren ver que se intenta convertir en héroes y en mártires a los criminales que mataban por la espalda y regaron España de sangre inocente. No quieren ver los ilegales e inmorales recibimientos en loor de multitudes a los terroristas cuando salen de la cárcel, y aceptan que se diluya a sus víctimas con otros muertos con los que se busca justificar la existencia de Eta. Nadie se molesta en tratar de impedir el adoctrinamiento descarado de los niños y se acepta con naturalidad que las “víctimas de abusos policiales” acudan a dar charlas a los colegios mientras se exige a las familias de los asesinados que perdonen, olviden y se presten a ser igualadas con otras “violencias” y si no aceptan se las condena a la marginación social.

En septiembre de 2008, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo cuyo artículo cuarto punto b dice textualmente que los poderes públicos vascos adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares y, en particular, para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole, y, en su caso, investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa de este derecho.

El homenaje del Instituto de Hernani en el que los jóvenes han sido inducidos a considerar merecedores de admiración a pistoleros con decenas de asesinatos a sus espaldas, no ha sido considerado delito de exaltación por la inspección educativa del Gobierno Vasco, más bien quisieran que hubiese pasado inadvertido mediáticamente, como tantos otros. COVITE, valerosamente y casi sin recursos, lo ha impedido esta vez aunque el escándalo, si es que alguien se escandaliza ya a estas alturas, durará poco y posiblemente no habrá ninguna condena penal. Pronto, otro manto de silencio, indiferente, cómplice, intencionado, provocado –cada cual que elija el suyo- se cernirá sobre las artimañas propagandísticas de los nacionalistas, incansables en su afán legitimador del terror.

Mientras, las víctimas observaremos impotentes y desoladas como se baila el aurresku en un instituto cualquiera en honor de los asesinos de nuestros padres. ¿Quién dice que hemos ganado?

 

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La redención del terrorismo

Publicado en El Español el 19 de mayo de 2016.

Los simpatizantes de los criminales etarras se caracterizan por dos condiciones principales. La primera es que ninguno de ellos siente la menor empatía hacia quienes han padecido personalmente el profundo dolor que esa cruel banda ha ido sembrando por toda España a lo largo de generaciones.

Ninguno de ellos ha perdido a un padre, a un hijo o a un marido o a un amigo o allegado, asesinado a tiros o con una bomba o después de la tortura de un secuestro brutal. Ninguno de ellos sufre la ausencia diaria de personas queridas cuyas vidas fueron consideradas meros instrumentos para lograr fines políticos; no les importan nada los sentimientos de quienes vivirán ya para siempre con los corazones mutilados por la expresa voluntad de los fanáticos que metódicamente ejecutaron durante tantos años su perversa estrategia.

La otra condición que les define es su afán por destruir nuestra nación, el deseo irrefrenable de dividirla, de romper la convivencia de los españoles, el separatismo como credo existencial. La confluencia de estas dos circunstancias hace que sientan simpatía e incluso complicidad hacia aquellos que han hecho el trabajo sucio para que sea más fácil alcanzar las metas que comparten. Y son muchos, demasiados.

Muchos que se sienten fuertes y que están muy contentos de que las fuerzas políticas estén proporcionando a esa banda criminal una vía para seguir estando presente en la sociedad y en la vida pública. Muchos que contribuyen con entusiasmo a legitimar a sus representantes y les ayudan a aprovecharse de las cesiones previas que han hecho posible llegar al actual escenario de descaro y provocación.

El individuo que ha sido invitado al Parlamento catalán fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional a diez años de prisión que el Tribunal Supremo se ocupó convenientemente de reducir a seis años. Su inhabilitación para cargo público está en el aire porque el Tribunal Supremo consideró en el caso del parlamentario vasco y etarra Iker Casanova que no quedaba suficientemente especificado en la condena para que cargos en concreto quedaba inhabilitado. Y tan burda decisión sirve ahora como precedente para nuestro famoso terrorista en campaña de promoción y para otros muchos que vendrán después.

Esta visita de un terrorista a una institución del Estado es consecuencia del envalentonamiento de los que han visto que los jueces toleran las ruedas de prensa de los etarras más sanguinarios -la última en Usurbil, la más inconcebible e indigna para el Estado de Derecho en Durango- en las que reivindican pública, orgullosa e impunemente su trayectoria criminal; es consecuencia de esas entrevistas frívolas y campechanas, cercanas y comprensivas que se van extendiendo por los medios de comunicación; es consecuencia de un clima de tolerancia, de aceptación del mal menor, de pérdida de dignidad y de respeto hacia nosotros mismos y por supuesto hacia las víctimas del terrorismo, hacia los que ya no pueden alzar la voz.

En diciembre de 2014 en Ferguson, Estados Unidos, la población salió a la calle para protestar por el racismo que se había cobrado varias vidas. Una de las pancartas que portaban los manifestantes me impresionó porque reflejaba que el afán de justicia es universal y dignifica al ser humano. Decía “Los muertos no pueden clamar pidiendo justicia, es deber de los vivos hacerlo por ellos”.

Aquí nos estamos olvidando de ese deber sagrado que tenemos con nuestros muertos –golpeados por el racismo separatista- los estamos arrumbando en un olvido desagradecido mientras permitimos que quienes segaron sus futuros salgan de la cárcel con subterfugios tramposos, sin cumplir sus condenas, sin colaborar con la justicia y convertidos en personas respetables que se convierten en parlamentarios, alcaldes, concejales o presidentes de partidos que no cumplen la ley.

Me pregunto si realmente los españoles nos conformamos con esta corrupción moral que invade a nuestros dirigentes y a las instituciones que nos representan y que les hacen indiferentes ante la institucionalización del mal. ¿Es posible que a los catalanes les parezca bien que un terrorista sea invitado oficialmente por sus representantes políticos? ¿Tan adormecidas pueden llegar a tener sus conciencias?

Este miércoles se produjeron reacciones, hubo protestas e indignación que servirán de muy poco porque lo grave, el problema de fondo, es que se ha tomado la decisión de redimir a Eta y la consecuencia de esa redención es que sus representantes están siendo legitimados social y políticamente, y pueden optar a acceder a las instituciones y al poder.

Muchos -demasiados- se alegran por ello, otros calculan con optimismo e irresponsabilidad las consecuencias que puede tener esta claudicación y a otros no les importa, sienten la indiferencia cansina de los derrotados morales.

El famoso terrorista Otegui –ojala ninguno conociéramos su nombre- ha estado un día invitado en el Parlamento de Cataluña, también estuvo en Estrasburgo; es bochornoso, degradante y muy triste. Se podría haber evitado llegar hasta aquí, pero será aún mucho peor si consigue su objetivo de ser lehendakari. Entonces tomará posesión de Ajuria Enea y nadie podrá negar que para ETA mereció la pena matar.

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La aceptación de la impunidad, la legalización de la maldad

Publicado en La Gaceta el 13 de mayo de 2016

Desgraciadamente, en mi opinión, la respuesta es no. Lo que hemos  conseguido  es que Eta decida dejar de matar a cambio de oscuras cesiones. Deberíamos y podríamos haber logrado su desaparición sin contrapartidas pero nos ha faltado confianza en nosotros mismos, nos ha faltado la seguridad de saber que el Estado de Derecho es capaz de acabar con el terrorismo con los instrumentos legales que tiene a su alcance, con integridad, con visión de largo alcance, con un objetivo definido, con la pretensión legítima de asentar una sociedad en la que no quede margen para la duda, para la ambivalencia ni para la equiparación. Una sociedad en la que los terroristas no puedan hacer política, ni dar ruedas de prensa, ni justificarse en los medios de comunicación, ni organizar manifestaciones multitudinarias.

Sin embargo, está pasando todo lo contrario. Y cada paso que se avanza en la consolidación de la impunidad, de la manipulación y la mentira -especialmente en el País Vasco- se hace disimulando, intentando ocultar las trampas y subterfugios que se están empleando para dar cumplimiento a los pactos alcanzados en su día y fielmente mantenidos hasta hoy. Por eso, muchos españoles sentimos un gran desconcierto ante la política antiterrorista que se está llevando a cabo y contemplamos desolados la ausencia de iniciativa política para tratar de neutralizar la perversa influencia de los planteamientos ideológicos que pretenden descaradamente absolver de sus culpas al terrorismo de Eta.

Son muchas las evidencias de lo que está ocurriendo. En los últimos años se ha aplicado una política penitenciaria que ha permitido múltiples excarcelaciones más que cuestionables, desde la del terrorista Bolinaga hasta las producidas por la  escandalosa derogación de la doctrina Parot. Los magistrados de la Audiencia Nacional se van a reunir para decidir si aplican a los terroristas un atenuante que permite reducir penas en uno o dos grados por una oportuna modificación del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio.

Y una vez que salen, se está tolerando que se les transforme en expresos respetables que dan ruedas de prensa o se reúnen en polideportivos a lanzar soflamas, como ocurrió recientemente en Usurbil, donde 750 etarras  reconocieron que reciben todas las facilidades para salir de prisión antes de tiempo, sin que se les reclame ”ni arrepentimiento ni delación” según sus propias palabras.  Hace menos de un mes en una manifestación multitudinaria en Bilbao participaron etarras que suman cientos de muertos y condenas a más de 20.000 años de cárcel entre todos, de las que han cumplido una ínfima parte. Esos asesinos múltiples exigieron amnistía chulescamente   y leyeron una carta de un terrorista, en prisión por haber ordenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco,  en un obvio acto de humillación a las víctimas, que por supuesto no tendrá consecuencias, aunque esté expresamente prohibido por la ley.

La práctica totalidad de la clase política ha aceptado imperturbable que el entramado terrorista tenga una presencia pública cada vez más notoria  en todos los ámbitos y existe una clara disposición a tolerar las campañas intoxicadoras, legitimadoras y equiparadoras de “violencias” que se planifican y subvencionan con descaro por el Gobierno Vasco. Desde las instituciones se utilizan tranquilamente términos acuñados por los criminales como conflicto, refugiados, presos políticos, violencia, abusos policiales, que poco a poco van siendo aceptados por sectores cada vez más amplios de la sociedad, ignorando que “la confusión en los vocabularios crea la confusión en los espíritus”, como dijo André Maurois.

El Gobierno vasco acaba de proponer una ley de reparación de víctimas de abusos policiales a la que va a destinar doce millones de euros en concepto de indemnización a las víctimas y cuya mera denominación ya implica el cuestionamiento de la honorabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tan abnegadamente se han sacrificado en la lucha contra el terror. Y a la vez el PNV avala públicamente a un individuo –Hasier Arraiz- que va a ser juzgado por intentar reconstruir Batasuna a las órdenes de Eta- declarando que los “tiempos judiciales deben acompañar a los políticos” en un intento descarado de injerencia en la supuesta independencia del poder judicial. Es decir, para los nacionalistas hay que pasar página respecto a los crímenes de Eta pero hay que remover, señalar y acusar, incluso sin pruebas, a la policía “española” de crueles torturas. ¡Qué indecencia!

Solo en el último mes, el Parlamento de Navarra ha acogido una exposición que pretende describir los “80 años de represión en Navarra” y los diputados de EH Bildu han exhibido carteles en contra de la tortura. También en Pamplona ha sido detenido el portavoz de Sortu por injurias a la Guardia Civil y un etarra juzgado por el intento de asesinato de un concejal de UPN  ha sido recibido –como tantos otros en el País Vasco- como un héroe.

En el marco de la principal exposición que se celebrará con motivo de la capitalidad europea San Sebastián 2016,  un macroproyecto titulado “Tratado de paz”, subvencionado por el ministerio de Cultura, ha calificado al terrorismo de Eta como un “fenómeno  político, militar y cultural” mientras el viceconsejero del Gobierno Vasco  apoya tal definición declarando que la banda terrorista tiene una “raíz cultural”.

Y en la enclenque reacción a la minuciosamente planificada campaña de legitimación del terrorismo, se producen graves incoherencias, como por ejemplo cuando un senador del Reino de España es procesado por el Tribunal Supremo por pertenencia a banda armada y casi nadie lo sabe ni se escandaliza pero en cambio se produce una reacción contundente cuando Otegui acude de visita al Parlamento Europeo, o cuando unos titiriteros de Madrid sacan una pancarta de apoyo a Eta y se considera inadmisible –con razón- aunque nadie dice nada de los payasos subvencionados que acuden constantemente a  festejos municipales del País Vasco haciendo descarada apología del terrorismo.

Se actúa –cuando se actúa- casi siempre como reacción, no de forma proactiva, ni preparando iniciativas de largo alcance para tratar de impedir que se consuman los desafíos, los avances sistemáticos en la consolidación de la implantación social de la manipulación de la verdad, de la aceptación de la impunidad, de la legalización de la maldad.  Y se está olvidando que, como denunció Thomas Mann, “la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”.

Habría que pensar si el colapso institucional que está viviendo hoy nuestro país no sería tal –o no sería tanto- si no se hubiese producido la gran corrupción moral que suponen los brazos caídos en la defensa valiente, integra y coherente del  simbolismo profundo de las víctimas del terrorismo como baluarte de la  libertad y la democracia y que tanto nos podría ayudar a fortalecernos a nosotros mismos como Nación y a consolidar la dignidad colectiva y la victoria moral frente al mal.

 

 

 

 

 

 

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