Vulneraciones

Publicado en El Mundo el 16 de febrero de 2015
La definición de vulneración es transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto y también daño o perjuicio. El asesinato se define como “crimen alevoso o premeditado”. ¿Es lo mismo una vulneración que un asesinato? Para el Gobierno Vasco, sí. Para el Gobierno Vasco, en su perversa y manipuladora tergiversación del lenguaje, los crímenes de ETA son “vulneraciones del derecho a la vida” y no solo eso, sino que son equiparables a las causadas por las Fuerzas de Seguridad, por las de autoría confusa y por “otras”, hasta el extremo de reunirlas a todas en un mismo informe cuya finalidad es según los autores “contribuir a la tarea colectiva de un reconocimiento que debe llegar a todas las víctimas guiado por el principio de igualdad y no discriminación.”

¿Qué quiere decir igualdad y no discriminación entre víctimas? ¿Es lo mismo un asesinato premeditado y alevoso perpetrado en el marco de una estrategia de terrorismo organizado a largo plazo y con una finalidad política que los homicidios o muertes violentas ocurridas en enfrentamientos muchas veces en defensa propia? ¿Es justo poner bajo el dedo acusador precisamente a quienes más han sufrido en carne propia los ataques del terror? ¿Es necesario mezclarlos a todos de tal modo que se diluya la responsabilidad de quienes han asesinado a cientos de personas y generado durante décadas un opresivo clima de miedo y falta de libertad en el País Vasco?

Para el Gobierno Vasco sí es necesario. Es imprescindible. Es la forma de conseguir que la maldad, el dolor, la extorsión, la crueldad sin límites de la banda que nos ha asolado, tenga una justificación institucional al ser sus “acciones” consecuencia o correlativas a la “violencia” del Estado.

Se puede entender que un Gobierno nacionalista actúe de este modo puesto que históricamente los nacionalistas siempre han considerado que el terrorismo de ETA tiene un fin político cuya esencia comparten. Sin embargo, resulta incomprensible el silencio del Gobierno. Su tolerancia y pasividad están contribuyendo a que se asiente esa visión equiparadora que inventa contextos falsos y diluye en un magma de eufemismos y acepciones distorsionadas, la realidad de la historia reciente del País Vasco. No basta con declaraciones de un día. Es imprescindible establecer un plan –como han hecho ellos- para responder con claridad y contundencia, para desmontar las falsedades e impedir que desde instancias públicas se promueva la idea de que ETA ha cometido “vulneraciones” al mismo nivel que el Estado, de que en el País Vasco ha existido una “violencia” política de acción-reacción, bidireccional y con similar grado de culpa en el “daño” causado. Es simplemente intolerable que este planteamiento devastador que aniquila el valor del sacrificio, de la lucha en la que tantos inocentes han caído, sea el que finalmente prevalezca oficialmente en el País Vasco. Sin embargo así será si frente a la mentira y la manipulación solo se muestra indiferencia y resignación ante un mal que se considera menor.

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Sin justicia no hay paz

Publicado en El Mundo el 11 de diciembre de 2014

En las protestas raciales desencadenadas en Estados Unidos, uno de los lemas que reflejan la indignación de la población de color que se siente maltratada por las autoridades es “Sin justicia no hay paz“. Aquí en España, una petición tan elemental, tan consustancial con el anhelo universal de la humanidad de vivir en sociedades en las que impere la justicia, no es considerada, ni exigida, ni puesta en práctica si quienes la invocan son las víctimas del terrorismo o la propia sociedad ultrajada por manifiestas injusticias cometidas desde ámbitos políticos y judiciales.

Aquí en España, el planteamiento es exactamente el contrario, si queremos “paz” ha de haber injusticia.  Aquí se ha decidido que terminar con el terrorismo implica necesariamente otorgar la más injusta de las impunidades a los causantes de un dolor colectivo inmenso, y hacerlo con subterfugios y mentiras lacerantes, cediendo cobardemente a intolerables exigencias cuya consecuencia es que los asesinos y sus amigos –a los que se ha consentido que ocupen relevantes puestos políticos- se pasean sonrientes y satisfechos por las calles de los pueblos en los que mataron a tantos inocentes ante la mirada atónita y desolada de los españoles

“Los muertos no pueden llorar pidiendo justicia, es deber de los vivos hacerlo por ellos” es otro de los lemas que portaban en una pancarta los manifestantes que clamaban su rebelión por las calles de Nueva York. Así es. Qué honda verdad, que carga de profundidad encierran los mensajes que estos días lanzan esos ciudadanos que se reconocen heridos en su dignidad, sometidos a la arbitrariedad, y que se sublevan contra ello. Aquí en España, hemos reclamado justicia y hemos dado la batalla valientemente contra el terrorismo durante largas décadas de sufrimiento. Lo hemos hecho por ellos, porque era y es nuestro deber honrar su memoria y tomar su testigo. Ahora, sin embargo, nos vemos inermes ante el abandono de las autoridades e instituciones que han optado por una paz injusta, entreguista e indigna que abandona el legado de los héroes de la democracia para que los que tan salvajemente nos han atacado tomen el control político allí donde les interesa y reciban honores y reconocimientos en agradecimiento a las matanzas que cometieron.

“Los vuestros en el hoyo y los nuestros en casa”, espetaban en las calles del País Vasco hace menos de un año a las víctimas del terrorismo que homenajeaban a los caídos en los lugares en que fueron asesinados. Ese es el gran final que los poderes fácticos nos han preparado. Y aunque le echen la culpa a Europa, a los jueces o a quién se les ocurra, nosotros sabemos quién no está cumpliendo con el deber de los vivos de dar justicia a los muertos como tan acertadamente reclaman los negros indignados en Estados Unidos y como  la intrínseca necesidad humana de que el bien prevalezca sobre el mal, demanda. En España, para nuestra vergüenza y dolor, han preferido una  paz ignominiosa, rastrera y sin justicia.

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Las “violencias” de Urkullu

Publicado en El Mundo el 31 de octubre de 2014

A tenor del deseo pública y reiteradamente expresado por el lehendakari Urkullu,  las políticas sobre ETA –que no en su contra- cada vez están más dirigidas hacia la “reconciliación” y la búsqueda a cualquier precio de la “paz”. Esta cuestión, de enorme trascendencia social y ética, ha pasado a ser tratada con un perfil tan  bajo que se ha convertido en casi clandestina, aplicando una estrategia diseñada a la medida de los intereses del nacionalismo vasco.

Ocurre, sin embargo, que ese perfil bajo, ese marcar el paso, las pautas y los tiempos por los nacionalistas, seguido a pies juntillas por el Gobierno de la Nación, lo que está consiguiendo  es favorecer que se asiente la tesis del olvido sin justicia, de los falsos arrepentimientos, de  la equiparación de “violencias”, de la difuminación de la culpa y de la permisividad con la propaganda justificadora de tantos años de terror.

Una prueba irrefutable de los planteamientos que está promoviendo y ejecutando el gobierno vasco sin resistencia por parte de prácticamente nadie, la encontramos en el artículo publicado recientemente por Iñigo Urkullu en este diario, en el que con muy buenas palabras, concesiones iniciales y eufemismos varios, acusa solapadamente de torturadoras a las Fuerzas de Seguridad del Estado al aseverar “estamos trabajando en la clarificación de violaciones de derechos humanos de todo signo y en el reconocimiento de todas sus víctimas”. Esos “todos” que tanto gustan de emplear los que buscan la equiparación, los que pretenden poner en el mismo plano al que mata y al que muere, los que creen que en ocasiones el crimen puede tener una motivación redentora, los  encontramos por doquier en  los documentos que elaboran  los organismos de la comunidad vasca dedicados a buscar la “reconciliación”.

Urkullu nos propone que “todos” – ¿quiénes son todos?- hagan una revisión crítica en materia de derechos humanos y quizá por eso, porque cree que los crímenes cometidos por ETA tenían una cierta justificación, se empeña en presionar –con éxito- para que se modifique la política penitenciaria y además diseña políticas de “resocialización de presos” –léase de etarras, los demás no le importan nada-  repitiendo una y otra vez, sin aclarar a que se refiere –aunque lo sabemos perfectamente-que es necesario el reconocimiento del “daño causado” –como si fuera un pellizco de monja- que han provocado el terrorismo, la violencia y “todas” –otra vez- las vulneraciones de derechos humanos. Parece claro que el lehendakari considera que el Estado Español tiene la misma responsabilidad que  ETA con sus 858 asesinatos, por cierto, buena parte de ellos de policías y guardias civiles sobre los que extiende mezquinamente la sombra de la sospecha, sin valorar ni por un instante su sacrificio y abnegación.

Señor Urkullu, hace tres años que ETA anunció –con otro eufemismo de los que a usted tanto le gustan- el cese definitivo de la “actividad armada”, pero no anunció su final, como usted dice en su artículo. Por favor, sea más riguroso en sus afirmaciones -el cargo obliga- y aunque es cierto que ahora vivimos más tranquilos, no podemos renunciar a aspirar a vivir libres de intoxicaciones, de mentiras injuriosas y de planes de paz manipuladores que lo que buscan   es redimir a los culpables mientras estigmatizan a las víctimas llamándolas vengativas si no se avienen a los nuevos tiempos. Unos nuevos tiempos que pretenden basar la convivencia  en la impunidad política, social y penal de los más abyectos criminales que España ha padecido en siglos. No todos somos iguales, señor Urkullu, ni tenemos la misma responsabilidad en el “daño causado”. No hay más que leer la nauseabunda entrevista al carnicero de Mondragón, ese que ha sido excarcelado gracias a la derogación de la doctrina Parot, para darse cuenta. Si se quiere.

 

 

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Verdades y mentiras

Publicado en El Mundo el 8 de agosto de 2014

Hace unos días fue juzgado en la Audiencia Nacional un sanguinario etarra que cometió sus crímenes en los años ochenta. Hubo dos juicios contra él, uno por el asesinato de tres guardias civiles en Salvatierra (Álava) y otro por la muerte del jefe de la policía municipal de Vitoria. Asistí al segundo y pude contemplar como este individuo -altivo y desafiante- tras declararse orgulloso militante de ETA, se negó a declarar y rechazó la legitimidad del tribunal. A continuación fueron llamados los numerosos testigos inculpatorios en la causa y uno a uno, los que fueron cómplices y colaboradores necesarios en el asesinato que se juzgaba, negaron sus testimonios previos ante el juez. Todos ellos, perfectamente orquestados, respondían del mismo modo, alegando olvido y torturas. Todos mintieron descaradamente, todos se esforzaron en proteger a su compañero “militante”, todos actuaban absolutamente sincronizados, bajo la batuta de ETA

Este juicio ha pasado desapercibido. Tal vez porque lo que en él ha ocurrido no se adecúa al actual canon promovido como políticamente correcto. Es muy desconcertante leer que el Ministerio del Interior afirma que ETA y sus presos no se comunican mientras se asiste a un juicio en el que se puede observar palpablemente como la banda establece la forma de actuar de sus miembros y colaboradores cuando son llamados por la justicia para testificar. No es verdad que ETA y sus presos no se comunican. Claro que lo hacen. ¿Quién sino paga a los abogados?¿Por qué sino en los juicios los testigos actúan siempre del mismo modo?

ETA sigue controlando férreamente a sus presos, esa es la verdad, pero no tendría por qué importarnos ya que los terroristas que están en la cárcel no son un peligro para la sociedad y además están purgando todo el daño que han causado. No entiendo la inmensa preocupación por los presos y su arrepentimiento, no entiendo ese interés por que salgan cuanto antes de prisión, no entiendo ese gran esfuerzo en una dirección determinada que distorsiona la realidad de la enorme crueldad consustancial de los que forman parte de ETA. No entiendo por qué se oculta lo que no interesa. No entiendo que cobre fuerza el planteamiento de las víctimas vengativas por reclamar justicia. ¿Por qué nos tiene que parecer normal que el cumplimiento de las penas salga a precio de saldo? A veces, la ingeniería social funciona y de tanto repetirlas las mentiras se convierten en verdades. Pero cuando con los terroristas se pretende elevar la anécdota a categoría solo se está contribuyendo a construir una gran falacia.

Y mientras nosotros nos dedicamos a perdonar y olvidar con magnanimidad, los más radicales, sectarios y fanáticos batasunos vuelven a tomar el control de sus partidos tapadera y se lanzan a la conquista del poder empezando por un condenado por pertenencia a banda armada, nuevo portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. ¿Sería mucho pedir que la ley inhabilitase de por vida para ejercer cargos públicos a los condenados por terrorismo?

Hace unos días, un asesino de ETA fue juzgado y nada en aquel juicio fue como nos lo están contando. Pero, nos guste o no, la verdad, tarde o temprano aflora y nos pone ante la evidencia de nuestros errores y de sus consecuencias.

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Abusos políticos del nacionalismo vasco

Publicado en El Mundo el 30 de junio de 2014

El nacionalismo vasco ha establecido una nueva categoría social, cuidadosamente estudiada, la de “víctimas de abusos policiales” en la que engloba a las personas que, según criterios opacos y arbitrarios, han sido maltratadas por las Fuerzas de Seguridad españolas. La elección del término “abusos” es realmente astuta ya que si directamente empleasen la palabra “tortura” sería necesario determinar quiénes son los responsables de un delito perseguible penalmente. Sin embargo, al utilizar la ambigua definición de “abusos”, ya no hace falta la difícil tarea de demostrar dichos abusos, basta con denunciarlos ante una comisión política y afín ideológicamente. De este modo se consigue -sin pruebas- sembrar la sospecha y el descrédito sobre la Policía y la Guardia Civil, estamentos brutalmente atacados por el terrorismo y repudiados por los nacionalistas con el fin de ponerlos –ignominiosamente- en un plano similar al de los asesinos de Eta.

Los abusos en el diccionario tienen varias definiciones. El abuso de poder se considera “extralimitación de funciones por parte de las autoridades o funcionarios públicos en el desempeño de un determinado cargo u oficio” y sus sinónimos genéricos son injusticia, atropello, exageración, exceso, extralimitación, arbitrariedad, exigencia, despotismo. Nada de ello es delito, por tanto es evidente que la intención al utilizar un término tan equívoco en un decreto es dar cobertura legal a las graves acusaciones que el Gobierno Vasco pretende impulsar contra los que han combatido sacrificadamente el terrorismo y han sufrido –ellos sí- en primera persona, la embestida de los asesinos.

Además, en esa estrategia diseñada para alimentar de argumentos al nacionalismo, el Plan de Paz y Convivencia elaborado por el Gobierno Vasco pone de manifiesto su firme voluntad de sustentar la motivación ideológica de los terroristas y procurar su rehabilitación social estableciendo paralelismos éticamente indecentes como llevar a las aulas a esas supuestas “víctimas de abusos policiales” que contrarresten la incuestionable realidad de los 858 asesinatos cometidos por Eta y el irreparable daño que han causado. Esas vidas ya jamás podrán ser devueltas por lo que resulta una afrenta inadmisible equiparar su pérdida con ninguna otra situación.

Fue un grave error no impugnar el primer decreto de indemnizaciones aprobado por Pachi López. En primer lugar porque si las 76 víctimas del terrorismo anteriores a 1977 se han visto privadas de su derecho a la justicia por la Amnistía que se promulgó ese año para “dejar atrás el pasado y en aras de la reconciliación”- que, por cierto, en el caso de Eta es clamoroso que no se produjo- resulta ofensivo que ahora se vuelva la vista atrás solo en los casos que le interesa al Gobierno Vasco; en segundo lugar y aunque sea un asunto prosaico, porque es un agravio que se pretenda dotar de indemnizaciones mucho más elevadas a esas hipotéticas y no demostradas víctimas que a los muertos ocasionados por Eta y por último, por la pretensión indisimulada de dañar la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado para alimentar el victimismo del nacionalismo. Al menos ahora el Gobierno ha comprendido, tras las escandalosas modificaciones efectuadas por la Secretaría de “Paz y Convivencia” del Gobierno Vasco que las intenciones que subyacen en esta iniciativa son inaceptables y finalmente lo ha impugnado. Esperemos que los tribunales dictaminen pronto y se corte de raíz esta tropelía directamente entroncada con la falsificación de la verdad, con la construcción de una gran mentira, el dichoso “relato” que los nacionalistas vascos quieren fabricar a la medida de sus inmorales conveniencias.

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Los compromisos

Publicado en Libertad Digital el 2 de abril de 2014

El Gobierno ha aprobado el repliegue de los Grupos de Acción Rápida de la Guardia Civil del País Vasco. Los argumentos se basan en motivos de operatividad, de optimización de recursos, de presupuesto y de “inminente” derrota de Eta. Ni una sola palabra sobre la insistente exigencia en este sentido de los nacionalistas.

La noticia se ocultó en una disposición general más amplia del boletín oficial interno de la Guardia Civil y no ha merecido prácticamente ninguna explicación ni valoración por parte del Gobierno, que mantiene una actitud de silencio sistemático acerca de todas las decisiones que toma con respecto a la política antiterrorista y que no opina jamás sobre la estrategia del Gobierno vasco y su utilización de ingentes recursos públicos en apoyar los planteamientos propagandísticos de los entornos proetarras.

Que el Gobierno vasco se emplee a fondo en elaborar planes de “paz y convivencia” que ponen en el mismo plano a las víctimas del terrorismo y a las que ellos mismos denominan –sin ningún tipo de sin pruebas– víctimas de “abusos policiales” es lo previsible; que a continuación lleven a esas supuestas víctimas, que no son más que vulgares etarras llenos de odio, a los colegios para que adoctrinen a los niños, también es previsible en un partido con la trayectoria del PNV; que financie investigaciones sobre torturas contra los Cuerpos de Seguridad del Estado forma parte de su condición; pero que el Gobierno de España calle ante semejantes afrentas que cuestionan la honestidad y la legitimidad del Estado para combatir el terrorismo es desconcertante e incomprensible.

¿Por qué calla el Gobierno? ¿Por qué oculta el Gobierno? ¿Por qué inexorablemente van cayendo los bastiones que nos defendían de la legitimación de la banda y garantizaban su derrota?

Primero fue la legalización de sus partidos políticos, el vientre de alquiler que acabó pariendo una criatura que crece, se hace fuerte y controla importantes instituciones en el País Vasco. Después vino la oportuna derogación de la Doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –Europa como coartada–. A continuación, el regreso de los terroristas huidos, que no son otros que los que han conseguido que sus crímenes prescribieran porque el Estado no ha sido capaz de investigarlos con la debida diligencia, ni de detenerles para juzgarles y condenarles. Son por tanto terroristas impunes a los que la Administración española está informando solícitamente de que no tienen causas pendientes y les está facilitando los trámites burocráticos para volver, mientras a sus víctimas les niega la información acerca de cuáles son esos delitos que han prescrito y que afectan a sus familiares asesinados.

Y ahora es la Guardia Civil, que empieza a salir por la puerta de atrás para que el repliegue en el País Vasco de Policía y Guardia Civil sea otro de los compromisos cumplidos.

Hemos llegado a tal extremo que han tenido que ser las propias víctimas del terrorismo, a través de la organización Covite –y no el Gobierno, que permaneció pasivo–, quienes han desenmascarado la pantomima de la entrega de armas de Eta, al pedir a la Audiencia Nacional que interrogase a los verificadores. Y hemos tenido que escuchar también –ante otro silencio atronador de nuestros gobernantes– al lendakari Urkullu reclamando que se destruyan las armas que pueden conducir al esclarecimiento de asesinatos sin resolver y mostrando su satisfacción por que el presidente del Gobierno le esté “dejando hacer con discreción” mientras conmina a que se aplique una política penitenciaria específica para que los etarras no beneficiados por la derogación de la Doctrina Parot salgan de la cárcel lo antes posible.

Ante este panorama, no es extraño que exista una profunda desconfianza entre las víctimas y un fundado temor a que los terroristas finalmente no cumplan sus condenas, bien porque muchos ni tan siquiera sean juzgados, bien porque reciban penas insuficientes, obtengan beneficios penitenciarios o directamente porque sean indultados por el Gobierno, a poder ser con discreción. Otro compromiso, uno más, que, si no lo evitamos, nos conducirá a ese final en el que las víctimas dejarán de ser un referente moral y Eta será una organización política digna de todos los respetos.

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Los presos

Publicado en Libertad Digital el 9 de febrero de 2014

Todos sabemos -aunque se busquen excusas o se culpe a otras instancias- que las excarcelaciones provocadas por la derogación de la doctrina Parot son consecuencia de decisiones políticas, como lo fue la sustitución antes de plazo del juez que representaba a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por otro que defendiese la postura de los jueces discrepantes de la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la doctrina. Al igual que sabemos que la rapidez con que se ha ejecutado la sentencia haciéndola extensiva al resto de reclusos en situación similar responde al propósito de no prolongar en el tiempo el fortísimo desgaste de imagen para el Gobierno que supondría el goteo de setenta asesinos abriendo los telediarios con sus alborozadas salidas de la cárcel y los exultantes recibimientos en sus pueblos. Era mejor sacarlos por tandas y así, en pocas semanas, se daba carpetazo al asunto y se podía seguir centrando el discurso gubernamental en lo bien que va la economía en lugar de tener que echar balones fuera con frágiles argumentos responsabilizando a otros de las omisiones propias.

Una vez cumplido el compromiso de la derogación de la doctrina Parot, no hay pausa ni tregua. El PNV en connivencia con las nuevas marcas políticas de Eta, presiona, exige, fuerza, al Gobierno a llevar a cabo un proceso por fases para que los terroristas que aún están en la cárcel salgan lo antes posible. Si el Gobierno ante estas presiones respondiese alto y claro, pública y rotundamente que no va a asumir ningún plan específico para favorecer a los más repugnantes asesinos de España; si nos dijese a todos que no hay motivo para preocuparse porque la ley se va a cumplir y las sentencias también, no habría razón alguna para sentir inquietud, incertidumbre, miedo o desconfianza por lo que pueda ocurrir. Sin embargo no es así. El Gobierno calla, el Gobierno oculta, el Gobierno prefiere no contar que se reúne en secreto con el PNV, ni por supuesto de qué hablan, y sus desmentidos acerca de la asunción de los planes de excarcelaciones por fases propuesto por el Gobierno Vasco, suenan a engaño o a excusa.

El silencio, la opacidad, la omisión de la palabra justicia cuando se intenta tranquilizar a las víctimas, indican una voluntad entreguista, un abandono de los planteamientos propios asumiendo los contrarios a los que antes se defendían con convicción. Aquella frase que Rajoy pronunció en 2005 en el Congreso acusando a Zapatero de “cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento” se vuelve hoy como un boomerang contra el propio presidente que, sin explicaciones, también ha cambiado de dirección.

Ante la preocupante política que pretenden imponer los nacionalistas y viendo que no hay más reacción a las alarmas que la negación de la realidad, me permito SUPLICAR al Gobierno que vuelva a cambiar de dirección, que recupere la senda de la defensa a ultranza del Estado de Derecho, que diga no a los planes del PNV, que diga sí a las peticiones de justicia de las víctimas. Y que establezca una posición firme también en lo que respecta a la maligna propaganda impulsada por los nacionalistas para legitimar el terrorismo con infamias tan graves como la equiparación entre víctimas del terrorismo y “victimas de abusos policiales” -¿quién determina quienes son y por qué razones? ¿Quiénes son esos policías abusadores ó lo son en su conjunto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿De verdad se va a tolerar con impavidez que los familiares de presos terroristas acudan a los colegios vascos a envenenar la inocencia de los niños? ¿Es que no comprenden que si se continúa siguiendo la estela del PNV serán los propios terroristas quienes acaben impartiendo doctrina no solo en los colegios, sino en todos los espacios públicos?

Y si realmente no se piensa en aplicar los inmorales planes del PNV, ¿A qué viene tanta reunión secreta y tanta opacidad? El tiempo dirá si la desconfianza que la actitud del Gobierno provoca, está fundada o no. Nada me gustaría más que equivocarme en mis recelos.

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