AVE y muerte

Publicado en El Confidencial Digital el 5 de diciembre de 2008

Eta ha vuelto a matar. Una vez más. Esta vez a un empresario de 71 años con apellidos vascos, natural y residente en Azpeitia. No es la primera vez que Eta asesina a una persona mayor, con origen y apellidos vascos. Ya lo hizo, en marzo de 1988, cuando disparó, en Salvatierra, contra el general retirado Luis Azcárraga, de 81 años, en el momento en que salía de una iglesia tras oír misa en compañía de su mujer y sus nietos. ¿Cabe mayor vileza? En aquella ocasión mató a un hombre indefenso porque representaba al Ejército Español, porque era –como lo son tantos otros- un vasco profundamente español. Ahora, veinte años más tarde, ha matado a Ignacio Uría, empresario de 71 años, porque estaba construyendo la Y vasca, la línea de alta velocidad que conectará Madrid con el País Vasco y que pondrá Vitoria a menos de dos horas de la capital de España, algo tan intolerable para los terroristas que merece la muerte de quienes lo promueven o ejecutan. Los asesinos siempre buscan un motivo, una causa para matar. Ahora es el AVE. No quieren que se construya y creen, por sus logros pasados, que lo pueden conseguir.

Si en el indecente pulso que el terrorismo mantuvo y ganó contra el Estado con la central nuclear de Lemóniz y con la autovía de Leizarán, no se hubiese cedido a las pretensiones de esa repugnante banda de criminales, es posible que ahora no volviesen a intentar doblegarnos. Porque este asesinato es uno más de la larga lista que ha ido escalonando la “construcción nacional”, para vergüenza de los políticos que intentaron apaciguar a la fiera dándole de comer. Buena parte de las competencias del Estatuto de Guernica se obtuvieron así. Los terroristas ponían los cadáveres sobre la mesa y los nacionalistas de salón hacían de correa de transmisión diciendo a los políticos de Madrid lo que tenían que entregar para que Eta se tranquilizase. Esa es nuestra indignidad, que los asesinatos han sido muy rentables para los nacionalistas.

Los radicales no quieren el AVE y el PNV se escandaliza porque han matado a un “hijo del pueblo vasco”. Sí, Ignacio Uría era un hijo del pueblo vasco, pero también era un ser humano, alguien que estaba vivo y que ahora esta muerto, al igual que otras casi mil personas, hijos o no del pueblo vasco. ¿O es que si no hubiese sido hijo del pueblo vasco, la muerte de Uría hubiese sido menos grave? ¿De qué nos asombramos a estas alturas? Eta es una banda de fanáticos asesinos sin escrúpulos para quienes la vida de los demás está supeditada al proyecto delirante de “su” pueblo vasco, hecho a su medida, a golpe de coche bomba y pistolas. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el refrán. Puede que eso sea lo que le esté pasando al PNV.

Ignacio Uría, la última víctima del terrorismo vasco, era un emprendedor valiente, que se negaba a pagar el “impuesto revolucionario” y que trabajaba para contribuir al desarrollo y al bienestar de su tierra. Él no quiso que su dinero sirviese para cubrirle las espaldas. Pero tampoco para que matasen a otro en su lugar. De eso se puede sentir orgullosa su familia.

Ahora, ante este nuevo desafío, esta nueva infamia, este nuevo ataque frontal a la esencia de la convivencia, tenemos el reto de resistir, de no doblegarnos al chantaje y de vencer. Tenemos que demostrar a los terroristas y a nosotros mismos que hemos aprendido de los errores del pasado y que no vamos a dar ni un paso atrás. El AVE ha de ser construido. La conexión de las capitales vascas con Madrid y con Francia serán una victoria para la democracia y una derrota para los que quieren dejar al País Vasco en su idolatrada prehistoria.

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Acerca de Ana Velasco Vidal-Abarca

En este blog pretendo recoger mis reflexiones sobre el irreparable daño que ha causado el terrorismo en España y sobre la necesidad de que no obtenga réditos sociales ni políticos por sus crímenes. Pretendo denunciar las complicidades, las omisiones, los errores que han rodeado el combate contra el terrorismo separatista vasco y pretendo reclamar el derecho irrenunciable de las víctimas a la justicia y la obligación del Estado de Derecho de garantizar la igualdad, la libertad y la seguridad de todos los españoles.
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