ETA ante la justicia

Publicado en El Mundo el 3 de diciembre de 2010

El Mundo ha publicado una entrevista a Pachi López en la que  el Lehendakari afirma que los presos etarras “jugarán un papel antes del final del terrorismo” y a la pregunta de si la democracia tiene que ser generosa incluso con los que tengan las manos manchadas de sangre responde que “la democracia es generosa en sí misma, y el sistema penitenciario está pensado para la reinserción en democracia, no para el castigo, porque así lo dice nuestra Constitución”

Confieso que estas manifestaciones de Pachi López me han producido una honda preocupación ya que denotan sin el más mínimo atisbo para la duda una voluntad política encaminada a utilizar a los presos terroristas como instrumento de persuasión frente a la banda pasando por encima del derecho a la justicia de las víctimas.

El señor López afirma que no cree que haya que castigar a Eta por sus crímenes ya que la Constitución establece que la finalidad del sistema penitenciario es la reinserción. Ocurre que la Constitución también dice en su artículo 118 que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales”.

Debe ser que el señor López no cree en la separación de poderes y considera que entre las atribuciones de los Gobiernos se encuentra la de adulterar la ejecución de las sentencias judiciales en función de  intereses que –como en este caso- chocan frontalmente con las justas expectativas de quienes sufren las consecuencias de unos delitos de gravedad extrema como son los terroristas.

Habrá que volver a integrar a los terroristas en la sociedad, sí,  pero cuando les corresponda, sin tratos de favor, ni reducciones arbitrarias de las penas impuestas por los jueces, sin interferencias en la independencia de la Justicia, aplicando la Ley, que es la misma para todos, terroristas o no, como muy bien señala el artículo 14 de la Constitución invocada por el señor López.  La reinserción no se contrapone al cumplimiento de las condenas, sino que viene después.

No es fácil comprender que se esté ambicionando  la deslegitimación social del terrorismo  mientras se sugieren intercambios de paz por presos y se pretende que los asesinos en serie convivan con toda normalidad en un entorno social en que se les acepte y respete.  Estamos ante una incoherencia absoluta entre el objetivo que se dice buscar y la realidad de que si se hiciese borrón y cuenta nueva con Eta,  se estaría legitimando tanto su trayectoria de terror como a los individuos que la hicieron posible.

Y no olvidemos que ya se produjo una salida masiva de presos etarras con la Ley de Amnistía de 1977. Entonces se creyó –con admirable clarividencia- que los terroristas –hombres y mujeres de palabra- agradecidos con la benevolencia del Estado y comprometidos con un futuro democrático, se convertirían en lo que hoy llamaríamos “hombres de paz”. La realidad fue que aquella fatídica Amnistía hizo posible el azote brutal del terrorismo durante los años 80 y 90 en que más de 600 de los terroristas excarcelados se reincorporaron a la banda y se lanzaron a una carrera criminal de muerte y destrucción. ¿Quién nos garantizaría que esto no volvería a ocurrir?

Por respeto al derecho a la justicia que no se puede hurtar a las victimas, por respeto al conjunto de la sociedad española, por respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, por la construcción de un futuro sin fanatismos ni ideas excluyentes y totalitarias, incluso por prudencia, no se puede comprar un final del terrorismo a cambio de impunidad. Sería una temeridad, una injusticia histórica, una indignidad y un enorme fracaso.

 

 

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Acerca de Ana Velasco Vidal-Abarca

En este blog pretendo recoger mis reflexiones sobre el irreparable daño que ha causado el terrorismo en España y sobre la necesidad de que no obtenga réditos sociales ni políticos por sus crímenes. Pretendo denunciar las complicidades, las omisiones, los errores que han rodeado el combate contra el terrorismo separatista vasco y pretendo reclamar el derecho irrenunciable de las víctimas a la justicia y la obligación del Estado de Derecho de garantizar la igualdad, la libertad y la seguridad de todos los españoles.
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