La aceptación de la impunidad, la legalización de la maldad

Publicado en La Gaceta el 13 de mayo de 2016

Desgraciadamente, en mi opinión, la respuesta es no. Lo que hemos  conseguido  es que Eta decida dejar de matar a cambio de oscuras cesiones. Deberíamos y podríamos haber logrado su desaparición sin contrapartidas pero nos ha faltado confianza en nosotros mismos, nos ha faltado la seguridad de saber que el Estado de Derecho es capaz de acabar con el terrorismo con los instrumentos legales que tiene a su alcance, con integridad, con visión de largo alcance, con un objetivo definido, con la pretensión legítima de asentar una sociedad en la que no quede margen para la duda, para la ambivalencia ni para la equiparación. Una sociedad en la que los terroristas no puedan hacer política, ni dar ruedas de prensa, ni justificarse en los medios de comunicación, ni organizar manifestaciones multitudinarias.

Sin embargo, está pasando todo lo contrario. Y cada paso que se avanza en la consolidación de la impunidad, de la manipulación y la mentira -especialmente en el País Vasco- se hace disimulando, intentando ocultar las trampas y subterfugios que se están empleando para dar cumplimiento a los pactos alcanzados en su día y fielmente mantenidos hasta hoy. Por eso, muchos españoles sentimos un gran desconcierto ante la política antiterrorista que se está llevando a cabo y contemplamos desolados la ausencia de iniciativa política para tratar de neutralizar la perversa influencia de los planteamientos ideológicos que pretenden descaradamente absolver de sus culpas al terrorismo de Eta.

Son muchas las evidencias de lo que está ocurriendo. En los últimos años se ha aplicado una política penitenciaria que ha permitido múltiples excarcelaciones más que cuestionables, desde la del terrorista Bolinaga hasta las producidas por la  escandalosa derogación de la doctrina Parot. Los magistrados de la Audiencia Nacional se van a reunir para decidir si aplican a los terroristas un atenuante que permite reducir penas en uno o dos grados por una oportuna modificación del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio.

Y una vez que salen, se está tolerando que se les transforme en expresos respetables que dan ruedas de prensa o se reúnen en polideportivos a lanzar soflamas, como ocurrió recientemente en Usurbil, donde 750 etarras  reconocieron que reciben todas las facilidades para salir de prisión antes de tiempo, sin que se les reclame ”ni arrepentimiento ni delación” según sus propias palabras.  Hace menos de un mes en una manifestación multitudinaria en Bilbao participaron etarras que suman cientos de muertos y condenas a más de 20.000 años de cárcel entre todos, de las que han cumplido una ínfima parte. Esos asesinos múltiples exigieron amnistía chulescamente   y leyeron una carta de un terrorista, en prisión por haber ordenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco,  en un obvio acto de humillación a las víctimas, que por supuesto no tendrá consecuencias, aunque esté expresamente prohibido por la ley.

La práctica totalidad de la clase política ha aceptado imperturbable que el entramado terrorista tenga una presencia pública cada vez más notoria  en todos los ámbitos y existe una clara disposición a tolerar las campañas intoxicadoras, legitimadoras y equiparadoras de “violencias” que se planifican y subvencionan con descaro por el Gobierno Vasco. Desde las instituciones se utilizan tranquilamente términos acuñados por los criminales como conflicto, refugiados, presos políticos, violencia, abusos policiales, que poco a poco van siendo aceptados por sectores cada vez más amplios de la sociedad, ignorando que “la confusión en los vocabularios crea la confusión en los espíritus”, como dijo André Maurois.

El Gobierno vasco acaba de proponer una ley de reparación de víctimas de abusos policiales a la que va a destinar doce millones de euros en concepto de indemnización a las víctimas y cuya mera denominación ya implica el cuestionamiento de la honorabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tan abnegadamente se han sacrificado en la lucha contra el terror. Y a la vez el PNV avala públicamente a un individuo –Hasier Arraiz- que va a ser juzgado por intentar reconstruir Batasuna a las órdenes de Eta- declarando que los “tiempos judiciales deben acompañar a los políticos” en un intento descarado de injerencia en la supuesta independencia del poder judicial. Es decir, para los nacionalistas hay que pasar página respecto a los crímenes de Eta pero hay que remover, señalar y acusar, incluso sin pruebas, a la policía “española” de crueles torturas. ¡Qué indecencia!

Solo en el último mes, el Parlamento de Navarra ha acogido una exposición que pretende describir los «80 años de represión en Navarra” y los diputados de EH Bildu han exhibido carteles en contra de la tortura. También en Pamplona ha sido detenido el portavoz de Sortu por injurias a la Guardia Civil y un etarra juzgado por el intento de asesinato de un concejal de UPN  ha sido recibido –como tantos otros en el País Vasco- como un héroe.

En el marco de la principal exposición que se celebrará con motivo de la capitalidad europea San Sebastián 2016,  un macroproyecto titulado «Tratado de paz», subvencionado por el ministerio de Cultura, ha calificado al terrorismo de Eta como un «fenómeno  político, militar y cultural» mientras el viceconsejero del Gobierno Vasco  apoya tal definición declarando que la banda terrorista tiene una «raíz cultural».

Y en la enclenque reacción a la minuciosamente planificada campaña de legitimación del terrorismo, se producen graves incoherencias, como por ejemplo cuando un senador del Reino de España es procesado por el Tribunal Supremo por pertenencia a banda armada y casi nadie lo sabe ni se escandaliza pero en cambio se produce una reacción contundente cuando Otegui acude de visita al Parlamento Europeo, o cuando unos titiriteros de Madrid sacan una pancarta de apoyo a Eta y se considera inadmisible –con razón- aunque nadie dice nada de los payasos subvencionados que acuden constantemente a  festejos municipales del País Vasco haciendo descarada apología del terrorismo.

Se actúa –cuando se actúa- casi siempre como reacción, no de forma proactiva, ni preparando iniciativas de largo alcance para tratar de impedir que se consuman los desafíos, los avances sistemáticos en la consolidación de la implantación social de la manipulación de la verdad, de la aceptación de la impunidad, de la legalización de la maldad.  Y se está olvidando que, como denunció Thomas Mann, “la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”.

Habría que pensar si el colapso institucional que está viviendo hoy nuestro país no sería tal –o no sería tanto- si no se hubiese producido la gran corrupción moral que suponen los brazos caídos en la defensa valiente, integra y coherente del  simbolismo profundo de las víctimas del terrorismo como baluarte de la  libertad y la democracia y que tanto nos podría ayudar a fortalecernos a nosotros mismos como Nación y a consolidar la dignidad colectiva y la victoria moral frente al mal.